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Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del 80 De Los Inmigrantes Argelinos

Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del ochenta por cien De Los Inmigrantes Argelinos

La polémica política suscitada en el mes de septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de treinta argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a predisposición del juez de guarda, ha derivado en una movilización de los abogados de la comarca para demandar explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e inclusive irregulares». Específicamente, el Instituto de Abogados estudia elevar una protesta ante el encargado del Gobierno, Francisco Jiménez (del PSOE), por el hecho de que solo sesenta y cinco de los 509 inmigrantes llegados a la urbe en las 2 últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

Este colectivo profesional asimismo desea conocer los motivos por los que la enorme mayoría de estas personas no fueron puestas a disposición judicial, como sí se ha hecho en decenas de ocasiones durante los años. abogados de extranjeria en barcelona No es una medida ilegal, puesto que el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, pero lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para solicitar autorización para el internamiento temporal, dentro del expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la urbe el veinte de septiembre, el Municipio tuvo constancia a través de taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barna y Zaragoza, con el objetivo de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, algunos intentarían lograr posteriormente Bélgica y Alemania.


«No tenemos ni la más mínima idea de si les han gestionado los expedientes o si los han liberado directamente»

Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, dos opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda mas remota alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.


Críticas al «efecto llamada»

Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no recomendables, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes tienen derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», o sea a que haya un control de su situación por la parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y añaden que quedan desprotegidos, frente a posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los 18 años de edad. telefonos de abogados de inmigracion Esto último implica la realización de pruebas por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un letrado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para acudir a un detenido por otro tema mas no a estos.


El Instituto advierte de la posible vulneración de derechos de menores y de demandantes de asilo

Según los datos a los que ha accedido este diario, en fechas no precisadas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasaron a predisposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), treinta y uno llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; sesenta y siete al de Instrucción 4; y 8 al de Instrucción 5. Esa cantidad de ciento seis personas equivale al veinte por ciento de los quinientos nueve inmigrantes localizados y salvados en ese periodo, frente a las costas de la Región, conforme la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra manera, el 80 por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace algunos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron ante el juez.

En teoría, todos y cada uno de los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el auxilio de un letrado. Sin embargo, los datos recabados hasta ayer por el Colegio de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.


La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barna y Zaragoza

El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Instituto, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad festejará en los próximos días una reunión para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la institución demandará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernamental del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni idea de cómo se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha gestionado los expedientes a pesar de no haber asistencia letrada o si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y añadió que en el Colegio estiman que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -también hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial completamente brutal, aun de cara a la competencia del juez penal, si es precisa su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal.

En estas últimas 2 oleadas, la Policía logró que los jueces imputaran a un hombre sospecho de ser el conduzco o 'paterista' de una de las embarcaciones, como a seis por el homicidio por imprudencia de un niño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, por el hecho de que hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede originar una ocasional protesta ante el Consejo de Europa. Este especialista apuntó asimismo que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua española y, con esto, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. abogados gratuitos para inmigrantes En los juzgados, las comparecencias se efectúan con presencia un traductor, para asegurar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder el día de hoy a 'La Verdad' sobre su administración de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, PP, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial peligro de enfrentamientos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», a pesar de «un drama humanitario como la inmigración».


El dispositivo de hace un par de años

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Asamblea Regional, entre otras cosas pues cincuenta de argelinos pasaron la noche del 6 al siete de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Instituto de Abogados recordaron que, en octubre de dos mil diecisiete, previa coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas y decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guarda, uno de ellos en el pabellón ubicado al Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides. Allá tomaron declaración a 285 de los 534 inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los ciento cincuenta trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

Los argelinos acabaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte polémica por no estar habilitada como CIE. Quien era encargado gubernativo, Francisco Bernabé (del PP), había llegado al cargo exactamente porque el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.

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